La grandiosa movilización de los maestros urbanos del país en abril y mayo de este año logró arrinconar a la burocracia sindical y poner en jaque a todo el aparato burocrático del Ministerio de Educación. Ahora que la movilización ha pasado, las autoridades arremeten contra el magisterio por órdenes directas del Ministerio, mientras la burocracia de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) guarda silencio.
Magisterio urbano en emergencia por la sistemática vulneración de derechos
El gobierno ejecuta una brutal flexibilización laboral en magisterio urbano, imponiendo nuevas obligaciones a docentes y personal administrativo y más actividades fuera del horario laboral. Las autoridades educativas recargan el trabajo de docentes y administrativos al exigir que los consejos de maestros y las reuniones de planificación se realicen fuera del horario de trabajo. Los afiliados denuncian que los directores de unidades educativas les citan a cualquier hora del día, emiten instructivos a destiempo y publican órdenes de servicio los fines de semana, sin otorgar el plazo necesario para su cumplimiento.
La Resolución Ministerial 01/2023, que reglamenta las particularidades de la gestión escolar 2023, se enmarca en el Reglamento de Administración y Funcionamiento de Unidades Educativas (RAFUE), un mecanismo introducido por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada con la complicidad del estalinismo para reducir al máximo el presupuesto educativo y acomodar la educación pública a las condiciones de la crisis económica.
Los efectos de este mecanismo han sido la reducción de fuentes de trabajo en el magisterio urbano, la supresión de ítems de nueva creación, la racionalización y traslado de ítems de un lugar a otro, el cierre de cursos y paralelos, la extensión de la jornada de trabajo de los maestros y el aumento progresivo del trabajo ad honorem.
En los últimos años se han agregado nuevas materias al currículum, entre ellas lengua originaria, lengua extranjera y computación, las cuales han sido cargadas al maestro de aula. Además, las autoridades han obligado a los docentes a atender hasta tres estudiantes con discapacidad física por aula, sin considerar el grado de discapacidad leve o moderada certificada. De esta manera, el Estado se ha ido desentendiendo de su obligación de crear centros especiales para niños con dificultades de aprendizaje.
El congelamiento del presupuesto educativo ha devaluado la calidad educativa en el país. Para el RAFUE “es pedagógico” trabajar con más de 30 alumnos y hasta con 55 estudiantes por curso en las ciudades, pero la lógica y el sentido común muestran que al trabajar con menos estudiantes el docente tiene más posibilidades de brindar asistencia personalizada.
En este escenario, los maestros urbanos sufren la pérdida paulatina de sus conquistas laborales –como el ascenso de categoría, el debido proceso y el derecho a la sindicalización– y enfrentan todos los días intentos del gobierno para liquidar la estabilidad laboral en el sector. Los ataques comenzaron en los Institutos Técnico Tecnológicos, Artísticos y Lingüísticos, donde los trabajadores están prohibidos de organizarse sindicalmente.
Reunidos en consejo consultivo el 16 de junio, delegados sindicales del magisterio urbano de La Paz se declararon en estado de emergencia y movilización por la imposición del reordenamiento educativo, y reclamando la jubilación con el 100%, la nivelación de salarios del magisterio urbano y rural, y otros pedidos no atendidos por las autoridades.
A finales de junio, los trabajadores del magisterio urbano de La Paz se manifestaron nuevamente contra las agresiones políticas al sector, esta vez de parte de algunas juntas escolares manipuladas por el gobierno. El 30 de junio, dirigentes y delegados sindicales participaron en un mitin de protesta en la Dirección Distrital de El Alto 1, repudiando el acoso laboral de algunos padres de familia que amedrentan a maestros y vulneran derechos elementales como el debido proceso.
El gobierno ejecuta una brutal flexibilización laboral en magisterio urbano, imponiendo nuevas obligaciones a docentes y personal administrativo y más actividades fuera del horario laboral. Las autoridades educativas recargan el trabajo de docentes y administrativos al exigir que los consejos de maestros y las reuniones de planificación se realicen fuera del horario de trabajo. Los afiliados denuncian que los directores de unidades educativas les citan a cualquier hora del día, emiten instructivos a destiempo y publican órdenes de servicio los fines de semana, sin otorgar el plazo necesario para su cumplimiento.
La Resolución Ministerial 01/2023, que reglamenta las particularidades de la gestión escolar 2023, se enmarca en el Reglamento de Administración y Funcionamiento de Unidades Educativas (RAFUE), un mecanismo introducido por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada con la complicidad del estalinismo para reducir al máximo el presupuesto educativo y acomodar la educación pública a las condiciones de la crisis económica.
Los efectos de este mecanismo han sido la reducción de fuentes de trabajo en el magisterio urbano, la supresión de ítems de nueva creación, la racionalización y traslado de ítems de un lugar a otro, el cierre de cursos y paralelos, la extensión de la jornada de trabajo de los maestros y el aumento progresivo del trabajo ad honorem.
En los últimos años se han agregado nuevas materias al currículum, entre ellas lengua originaria, lengua extranjera y computación, las cuales han sido cargadas al maestro de aula. Además, las autoridades han obligado a los docentes a atender hasta tres estudiantes con discapacidad física por aula, sin considerar el grado de discapacidad leve o moderada certificada. De esta manera, el Estado se ha ido desentendiendo de su obligación de crear centros especiales para niños con dificultades de aprendizaje.
El congelamiento del presupuesto educativo ha devaluado la calidad educativa en el país. Para el RAFUE “es pedagógico” trabajar con más de 30 alumnos y hasta con 55 estudiantes por curso en las ciudades, pero la lógica y el sentido común muestran que al trabajar con menos estudiantes el docente tiene más posibilidades de brindar asistencia personalizada.
En este escenario, los maestros urbanos sufren la pérdida paulatina de sus conquistas laborales –como el ascenso de categoría, el debido proceso y el derecho a la sindicalización– y enfrentan todos los días intentos del gobierno para liquidar la estabilidad laboral en el sector. Los ataques comenzaron en los Institutos Técnico Tecnológicos, Artísticos y Lingüísticos, donde los trabajadores están prohibidos de organizarse sindicalmente.
Reunidos en consejo consultivo el 16 de junio, delegados sindicales del magisterio urbano de La Paz se declararon en estado de emergencia y movilización por la imposición del reordenamiento educativo, y reclamando la jubilación con el 100%, la nivelación de salarios del magisterio urbano y rural, y otros pedidos no atendidos por las autoridades.
A finales de junio, los trabajadores del magisterio urbano de La Paz se manifestaron nuevamente contra las agresiones políticas al sector, esta vez de parte de algunas juntas escolares manipuladas por el gobierno. El 30 de junio, dirigentes y delegados sindicales participaron en un mitin de protesta en la Dirección Distrital de El Alto 1, repudiando el acoso laboral de algunos padres de familia que amedrentan a maestros y vulneran derechos elementales como el debido proceso.
Grupos de choque acosan a maestros en El Alto
En los últimos meses, autoridades educativas, padres de familia y algunas instituciones como las Defensorías de la Niñez pretendieron responsabilizar a los trabajadores de la educación del aumento de la violencia en las escuelas del país. Y llegaron a sugerir que es posible erradicar la violencia con sólo enseñar reglas de convivencia e instalar cámaras de seguridad en las escuelas.
En los últimos meses, autoridades educativas, padres de familia y algunas instituciones como las Defensorías de la Niñez pretendieron responsabilizar a los trabajadores de la educación del aumento de la violencia en las escuelas del país. Y llegaron a sugerir que es posible erradicar la violencia con sólo enseñar reglas de convivencia e instalar cámaras de seguridad en las escuelas.
Pronunciamiento de la FDTEULP sobre el incremento de la violencia
La Federación de La Paz explicó que el incremento de la violencia, dentro y fuera del núcleo familiar, es resultado de factores objetivos que emergen de la crisis económica y que sumen en la desesperación a amplios sectores sociales.
Lucha por el ascenso automático y la estabilidad laboral
En julio el eje articulador de las movilizaciones del magisterio paceño fue el ascenso automático de categoría, un derecho reconocido por el Reglamento del Escalafón. Una asamblea general del magisterio urbano de La Paz realizada el 18 de julio determinó luchar por el respeto del Escalafón y contra los exámenes de ascenso de categoría, deliberadamente mal elaborados para evitar que las grandes mayorías asciendan de categoría.
El 21 de julio, trabajadores de educación urbana de La Paz y Cochabamba reivindicaron el ascenso automático en un mitin de protesta en la avenida Arce de La Paz, y se pronunciaron contra la eliminación de los bonos de Zona y Frontera. Los manifestantes alertaron nuevamente que se están anulando todas las conquistas laborales, y en el magisterio urbano el objetivo es eliminar el Escalafón y declarar la profesión libre, para que los trabajadores pierdan su antigüedad, la estabilidad laboral y el derecho a organizarse sindicalmente.
Las movilizaciones del magisterio paceño continuaron el 28 de julio, exigiendo la inmediata abrogación de los Decretos Supremos 1320 y 1302, y la Resolución Ministerial 374/2023, que vulneran derechos constitucionales como el debido proceso y la presunción de inocencia de los trabajadores de educación urbana.
Recordemos que el Reglamento del Escalafón establece que un trabajador del sector sólo puede ser removido de su cargo si se demuestra su culpabilidad en un proceso administrativo. Sin embargo, durante el gobierno de Evo Morales en la gestión 2012 se promulgaron las leyes 1302 y 1320 que permiten la suspensión de maestros sin goce de haberes ante la sola imputación por presunto maltrato físico, psicológico o acoso.
En mayo de este año, la Resolución Ministerial 374 modificó la reglamentación del etiquetado en el RDA, estableciendo cinco categorías de amonestación a los trabajadores de todos los subsistemas educativos. Se trata de una medida política para amedrentar a los trabajadores con procesos administrativos, y consolida la eliminación del debido proceso y la presunción de inocencia, pues permite sancionar a los maestros por una simple denuncia y sin que exista una sentencia condenatoria previa. De esta manera, la Resolución 374 termina liquidando la estabilidad laboral en el magisterio.
Sindicatos bajo asedio
En este contexto, el gobierno intenta capturar las direcciones sindicales del sector. La pasada semana, el ministro de Educación, Edgar Pary, llegó a la ciudad de Sucre, no para atender las necesidades de las unidades educativas, sino para hacer campaña política en favor del bloque Arcista y asegurar el apoyo de las juntas de padres de familia, a través de Julia Ventura y Jhimmy Choque que no representan el sentir de la mayoría de los padres que se movilizaron recientemente contra la política educativa del gobierno y contra la imposición de la malla curricular.
El ministro Pary llegó a la ciudad capital para reunirse con los militantes del MAS al interior del magisterio, con el objetivo de consolidar sus frentes de cara a las elecciones de la Federación y así lograr desplazar a la actual dirección revolucionaria de URMA. El ministro y sus secuaces sueñan con arrancar a los trotskistas de la dirección de la Federación de Maestros Urbanos de Chuquisaca y poner a la organización sindical detrás de Arce en su pugna intermasista con Evo Morales.
La Federación de La Paz explicó que el incremento de la violencia, dentro y fuera del núcleo familiar, es resultado de factores objetivos que emergen de la crisis económica y que sumen en la desesperación a amplios sectores sociales.
Lucha por el ascenso automático y la estabilidad laboral
En julio el eje articulador de las movilizaciones del magisterio paceño fue el ascenso automático de categoría, un derecho reconocido por el Reglamento del Escalafón. Una asamblea general del magisterio urbano de La Paz realizada el 18 de julio determinó luchar por el respeto del Escalafón y contra los exámenes de ascenso de categoría, deliberadamente mal elaborados para evitar que las grandes mayorías asciendan de categoría.
El 21 de julio, trabajadores de educación urbana de La Paz y Cochabamba reivindicaron el ascenso automático en un mitin de protesta en la avenida Arce de La Paz, y se pronunciaron contra la eliminación de los bonos de Zona y Frontera. Los manifestantes alertaron nuevamente que se están anulando todas las conquistas laborales, y en el magisterio urbano el objetivo es eliminar el Escalafón y declarar la profesión libre, para que los trabajadores pierdan su antigüedad, la estabilidad laboral y el derecho a organizarse sindicalmente.
Las movilizaciones del magisterio paceño continuaron el 28 de julio, exigiendo la inmediata abrogación de los Decretos Supremos 1320 y 1302, y la Resolución Ministerial 374/2023, que vulneran derechos constitucionales como el debido proceso y la presunción de inocencia de los trabajadores de educación urbana.
Recordemos que el Reglamento del Escalafón establece que un trabajador del sector sólo puede ser removido de su cargo si se demuestra su culpabilidad en un proceso administrativo. Sin embargo, durante el gobierno de Evo Morales en la gestión 2012 se promulgaron las leyes 1302 y 1320 que permiten la suspensión de maestros sin goce de haberes ante la sola imputación por presunto maltrato físico, psicológico o acoso.
En mayo de este año, la Resolución Ministerial 374 modificó la reglamentación del etiquetado en el RDA, estableciendo cinco categorías de amonestación a los trabajadores de todos los subsistemas educativos. Se trata de una medida política para amedrentar a los trabajadores con procesos administrativos, y consolida la eliminación del debido proceso y la presunción de inocencia, pues permite sancionar a los maestros por una simple denuncia y sin que exista una sentencia condenatoria previa. De esta manera, la Resolución 374 termina liquidando la estabilidad laboral en el magisterio.
Sindicatos bajo asedio
En este contexto, el gobierno intenta capturar las direcciones sindicales del sector. La pasada semana, el ministro de Educación, Edgar Pary, llegó a la ciudad de Sucre, no para atender las necesidades de las unidades educativas, sino para hacer campaña política en favor del bloque Arcista y asegurar el apoyo de las juntas de padres de familia, a través de Julia Ventura y Jhimmy Choque que no representan el sentir de la mayoría de los padres que se movilizaron recientemente contra la política educativa del gobierno y contra la imposición de la malla curricular.
El ministro Pary llegó a la ciudad capital para reunirse con los militantes del MAS al interior del magisterio, con el objetivo de consolidar sus frentes de cara a las elecciones de la Federación y así lograr desplazar a la actual dirección revolucionaria de URMA. El ministro y sus secuaces sueñan con arrancar a los trotskistas de la dirección de la Federación de Maestros Urbanos de Chuquisaca y poner a la organización sindical detrás de Arce en su pugna intermasista con Evo Morales.
Dirigentes prorrogados subordinan el sindicato a los intereses politiqueros
Es lamentable que los agentes del gobierno al interior de los padres de familia y del magisterio pongan por encima sus mezquinos intereses politiqueros y dejen de lado los intereses de las bases y la lucha por la defensa de la educación única, fiscal y gratuita.
El gobierno cree que con esta política torpe amedrentará al magisterio y logrará aislar a las direcciones sindicales de sus bases; pero ocurrirá todo lo contrario porque el magisterio no salió del conflicto derrotado; por el contrario, se está produciendo un proceso de reorganización y acumulación de nuevas fuerzas para preparar una nueva arremetida.
Las movilizaciones de los maestros de La Paz causaron gran impacto en el magisterio nacional. En el pasado reciente, solo los militantes de la Unión Revolucionaria de Maestros (URMA) reivindicaban el ascenso automático como un derecho legítimo; y ahora todas las federaciones del país, incluso los gremios del magisterio rural, entienden y defienden esta consigna. Las bases del magisterio han comprendido que el ascenso automático de categoría equivale al bono de antigüedad, derecho consagrado en todos los sectores laborales.
Es lamentable que los agentes del gobierno al interior de los padres de familia y del magisterio pongan por encima sus mezquinos intereses politiqueros y dejen de lado los intereses de las bases y la lucha por la defensa de la educación única, fiscal y gratuita.
El gobierno cree que con esta política torpe amedrentará al magisterio y logrará aislar a las direcciones sindicales de sus bases; pero ocurrirá todo lo contrario porque el magisterio no salió del conflicto derrotado; por el contrario, se está produciendo un proceso de reorganización y acumulación de nuevas fuerzas para preparar una nueva arremetida.
Las movilizaciones de los maestros de La Paz causaron gran impacto en el magisterio nacional. En el pasado reciente, solo los militantes de la Unión Revolucionaria de Maestros (URMA) reivindicaban el ascenso automático como un derecho legítimo; y ahora todas las federaciones del país, incluso los gremios del magisterio rural, entienden y defienden esta consigna. Las bases del magisterio han comprendido que el ascenso automático de categoría equivale al bono de antigüedad, derecho consagrado en todos los sectores laborales.
Lucha por el ascenso automático, camino para superar el declive de las movilizaciones del magisterio
El capitalismo en su etapa ascendente garantizó el pago del bono de antigüedad para retener a la mano de obra calificada, reconociendo que el obrero con más experiencia garantiza mayor productividad. Es así que todos los trabajadores, desde los militares hasta los parlamentarios y ministros, gozan del bono de antigüedad y ninguno de ellos da examen para ganar más.
En el magisterio se reconoce que los normalistas perfeccionan sus conocimientos en el ejercicio de su profesión, y cada cinco años ascienden de categoría de forma automática. Dicho de otra forma, para los maestros la categoría es el bono de antigüedad.
Es un logro de la dirigencia sindical trotskista haber generalizado la consigna, distinguiéndose de esta manera la burocracia sindical legalista y conservadora. En ese marco, el IX Ampliado nacional extraordinario de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia realizado en la ciudad de Santa Cruz el 31 de julio, reivindicó el ascenso automático de categoría como un derecho legítimo e irrenunciable del magisterio urbano nacional.
El capitalismo en su etapa ascendente garantizó el pago del bono de antigüedad para retener a la mano de obra calificada, reconociendo que el obrero con más experiencia garantiza mayor productividad. Es así que todos los trabajadores, desde los militares hasta los parlamentarios y ministros, gozan del bono de antigüedad y ninguno de ellos da examen para ganar más.
En el magisterio se reconoce que los normalistas perfeccionan sus conocimientos en el ejercicio de su profesión, y cada cinco años ascienden de categoría de forma automática. Dicho de otra forma, para los maestros la categoría es el bono de antigüedad.
Es un logro de la dirigencia sindical trotskista haber generalizado la consigna, distinguiéndose de esta manera la burocracia sindical legalista y conservadora. En ese marco, el IX Ampliado nacional extraordinario de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia realizado en la ciudad de Santa Cruz el 31 de julio, reivindicó el ascenso automático de categoría como un derecho legítimo e irrenunciable del magisterio urbano nacional.
Los dirigentes de la CTEUB muestran su verdadero rostro reformista y conciliador
El autoritarismo de las autoridades educativas y de las juntas de padres de familia controladas por el oficialismo sólo exacerbarán la bronca y el descontento en las bases, que más temprano que tarde volverán a las calles.
El papel de las direcciones revolucionarias en este escenario consiste en preparar la lucha dándole contenido político al descontento creciente en el sector y ligar la lucha del magisterio con la de los demás sectores de trabajadores y el pueblo empobrecido, mediante un pliego petitorio único que sirva para unificar la lucha futura.
URMA2023/ Masas N. 2757 - http://fdteulp.org/el-gobierno-redobla-los-ataques-al-magisterio-urbano-nacional/
El autoritarismo de las autoridades educativas y de las juntas de padres de familia controladas por el oficialismo sólo exacerbarán la bronca y el descontento en las bases, que más temprano que tarde volverán a las calles.
El papel de las direcciones revolucionarias en este escenario consiste en preparar la lucha dándole contenido político al descontento creciente en el sector y ligar la lucha del magisterio con la de los demás sectores de trabajadores y el pueblo empobrecido, mediante un pliego petitorio único que sirva para unificar la lucha futura.
URMA2023/ Masas N. 2757 - http://fdteulp.org/el-gobierno-redobla-los-ataques-al-magisterio-urbano-nacional/